Operaciones simuladas

Las empresas que realizan operaciones simuladas se han convertido en un grave problema que enfrenta la administración tributaria en México. A este tipo de empresas se les conoce como empresas “fantasma” o factureras. Estas empresas no cuentan con instalaciones, ni con una infraestructura real, ni personal trabajando, ni capacidad para dar servicios o producir bienes. Son empresas que no existen físicamente y que por lo general se utilizan para cometer presuntos delitos como la evasión de impuestos, lavado de dinero o el desvío de recursos públicos. Las empresas “fantasma” por sí mismas no evaden impuestos, ni lavan dinero, ni desaparecen recursos públicos, sino que requieren de toda una estructura de funcionarios corruptos que diseñen el esquema para simular contrataciones para desviar el dinero, así como de múltiples operadores, como asesores financieros, abogados, notarios, despachos de contadores y prestanombres que lo ejecuten al más puro estilo del crimen organizado, además del contubernio de unas autoridades que permitan y favorezcan la impunidad y la protección de esta red de corrupción. Según la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el país existen más de 8,500 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) por más de dos billones de pesos, es decir, 70% de la recaudación para el 2018. El problema es tan grave que el sector público adquirió entre el 50 y 70% del total de las facturas falsas detectadas en años recientes.