¿Qué hacer ante la desaparición forzada de empresarios?

Las empresas en México son víctimas frecuentes de delitos que atentan contra sus bienes, patrimonio o personas, sin importar su tamaño o actividad económica. Uno de los delitos que generan mayores pérdidas económicas es el secuestro o desaparición forzada, entendiendo por ésta, de acuerdo a Naciones Unidas (2016), “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”, delito que provoca el cierre de las empresas más vulnerables o el cambio de residencia o modificación de políticas de operación e implementación de sistemas de seguridad en aquellas que sus condiciones económicas, administrativas y operacionales les permiten. Se reconoce el gran avance legal para regular delitos, especialmente en materia de desaparición forzada de personas, sin embargo, en el mayor de los casos las entidades económicas no se atreven a denunciar por diversos motivos, especialmente por causas atribuibles a la autoridad. Por lo anterior, se sugiere a las empresas establecer sistemas de control y representación que protejan las operaciones, bienes, patrimonio y a las personas, a fin de contribuir en la continuidad de la vida de la empresa ante las condiciones adversas de una desaparición forzada.